Cómo se cumple el acceso al aborto en la salud pública.
Un clima social construido por 40 años de movimiento feminista y 30 años de políticas públicas explican el alto cumplimiento.
Nota de Lilian Alba para Rosario 12
Imagen: Andrés Macera
En Rosario, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho consolidado, a contrapelo de otros lugares del país, donde el cumplimiento de la ley está en construcción. Durante 2022 se realizaron 943 interrupciones del embarazo con medicamentos y 365 AMEU (un método quirúrgico de baja complejidad) en los hospitales públicos de la ciudad, según datos oficiales. Los números no tienen en cuenta a las mujeres y personas gestantes con obra social o prepagas, que son derivadas al sector privado, aclaran Marcela Abello, coordinadora del Área de la Mujer, Salud, Diversidad y Género de la Secretaría de Salud municipal y Fernando Vignoni, director de Centros de Salud municipal. La ciudad tiene una larga historia en derechos sexuales y reproductivos: antes de la sanción de la ley, el sistema público ya daba respuesta a las interrupciones legales de embarazo y al implementarse la IVE, Abello explica que se le dio más rapidez al engranaje existente.
“Cualquier mujer puede asesorarse en los centros de salud, en primer término se les pide una ecografía y eso está aceitado, la orden tiene el diagnostico IVE y los ecografistas saben qué es, no se pregunta, no se cuestiona, se hace. La mayoría son interrupciones del primer trimestre y se realizan de forma medicamentosa. Dependiendo la edad gestacional se articula en otro circuito interno, lo recepcionan los equipos que hace AMEU y eso da una agilidad para organizarnos”, detalla Abello. Por su parte, Vignoni remarca que “se trabaja en forma interdisciplinaria, se realiza la primera escucha, y si está el pedido de la mujer de realizar la intervención o está la duda, se respetan esos tiempos para que la mujer pueda decidir de forma autónoma”.
Esta posibilidad actual es producto de una larga historia, que muchas veces se soslaya. Lucrecia Aranda, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, recuerda la ordenanza de 1996 de Procreación Responsable pionera en el país como un puntapié inicial en políticas públicas. «Daba un marco legal a lo que ya se venía haciendo, la compra de preservativos y de DIU y anticonceptivos como reguladores del ciclo menstrual”, encuadra. El primer aborto no punible se realizó en 2004 en el Hospital Roque Sáenz Peña y en el 2007 se sancionó la ordenanza que establecía un «Protocolo de Atención Integral para las Personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo», promovida por Mujeres Autoconvocadas de Rosario. Fue la primera del país.
La voluntad para avanzar se construyó desde el estado local, en alianza con el movimiento de mujeres y diversidades, “que tiene una historia desde los inicios de la vuelta democrática con las asociaciones fundantes como Casa de Mujeres, Indeso, con compañeras como Susana y Mimí Chiarotti, Mabel Gabarra, Liliana Pauluzzi, Mona Moncalvillo”, rememora Aranda.
Es decir que, en Rosario, al momento del debate parlamentario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en 2018, ya existía un marco social favorable para su aprobación. Allí, Rosario llevó con orgullo su estadística: desde 2012, cuando empezaron a proveer misoprostol y garantizar interrupciones legales del embarazo en el sistema público de salud, no se producían muertes por aborto en la ciudad. Así se llegó a la sanción de la ley, el 30 de diciembre de 2020.
Hubo compromiso de la academia, tanto como de la política. Así se gestó un proyecto de salud pública “con una concepción de derechos, que fue valorada por la ciudadanía, incluso por quienes no se atendían allí”, dice Aranda y recuerda el trabajo de Walter Barbato y de Débora Ferrandini. En el 2010 comienzan las primeras capacitaciones que posibilitan la realización del método de aspiración manual endouterina (AMEU). Así lo cuenta Susana Arminchiardi, trabajadora social e integrante de Profesionales por el derecho a decidir, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y de la Red de Acceso al Aborto Seguro: «Me capacité y después tuvimos muchas sensibililizaciones y eso lo pasamos a algunos nudos críticos que se daban en algunos efectores. Las variables que incidieron fueron las organizaciones de mujeres. A partir de ahí se armó redes y se trabajó grupo”.
En esos años, se organizaron distintas agrupaciones de socorristas que ayudan a mujeres y personas gestantes a practicarse un aborto seguro. Además de brindar acceso a la información, hacían acompañamiento feminista. Socorristas en Red, Las Pepas, Las Fugas, consejerías de organizaciones partidarias y movimientos sociales realizaban este trabajo desde una línea telefónica que se difundía de boca en boca y luego en sitios web y públicos. Sus integrantes fueron amenazadas en varias ocasiones, pero también tenían la ventaja de articular con el sistema de salud pública local.
Claro que no todo es color de rosa. O en este caso, color verde. “Igual hay dificultades, desperfectos, pero se garantiza por el gran compromiso que existe por parte de los y las trabajadores del sistema de salud, que venimos remando. Dentro de los hospitales de segundo y tercer nivel todavía tenemos grupos duros de personas que se autodefinen como objetores y que trabajan en la obstaculización, no al nivel criminal de lo que sucedió en Santa Fe con el fundamentalismo religioso de Grávida», plantea Raquel Tizziani, médica clínica, sexóloga, integrante de la Consejería de salud sexual del Hospital Alberdi. Se refiere al secuestro de una niña de 12 años, embarazada producto de la violación de su padre, a la que esta organización quiso disuadir de abortar y luevo retuvo para que no lo haga. Y remarca: «Las trabas van en contra de las personas más vulnerables, las que no tienen plata para el colectivo, que están solas, niñas y adolescentes, personas que están en situación migrante.”
La falta de difusión en los barrios provoca confusiones. Muchas veces, las mujeres y personas gestantes piden turno para ginecología y esto puede demorar 3 meses, pero si expresan que necesitan una interrupción voluntaria del embarazo, la ley garantiza que se debe dar respuesta en 10 días, “porque una IVE es una urgencia, ante la primera falta de menstruación hay que dar la alarma. Hay un trabajo que se ha hecho al interior de Hospital para visibilizar las consejerías -un equipo interdisciplinario, enfermeras, médicas, trabajadoras sociales- para que no haya que sacar turno”, plantea Tizziani.
Si algo falla, la línea gratuita de Salud Sexual 0800 222 3444, que atiende lunes a viernes de 9 a 21 y sábados, domingos y feriados, de 9 a 18, articula a través de una central telefónica, para determinar el problema, el lugar donde se encuentra la persona y responder en 48 horas, con un turno en un centro de salud cercano, que detalla profesional y hora para poder evacuar la duda. “Se atiende cualquier situación de salud sexual y reproductiva, si se rompió un preservativo, una relación consensuada o no, métodos anticonceptivos e interrupciones de embarazos. En Rosario es mucho más fácil acceder que en ciudades cercanas como Funes, Roldán o Ibarlucea sin ir muy lejos”, relata Tizziani.
La Campaña tiene a algunas de sus fundadoras a nivel nacional en la ciudad y nunca bajó los brazos, durante sus 17 años de lucha. Estuvo presente en los momentos en que el tema no era agenda de ningún medio ni de ningún político. Presentes en la calle juntando firmas, generando estrategias y alianzas. Acompañadas en cada pañuelo que aún viste las mochilas en las calles de Rosario.
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